Recientemente, el Tribunal Constitucional ha revelado que está analizando los procedimientos que el presidente Gustavo Petro ha presentado con el fin de frenar la decisión tomada por el Consejo de Estado. Esta decisión, a su vez, permitió al Consejo Electoral Nacional (CNE) llevar a cabo un examen administrativo sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022. En este contexto, surge la pregunta sobre si la tutela planteada por Petro ante la Corte Suprema será considerada, y si es posible que él mismo pueda ser examinado.
Petro argumenta que la decisión del Consejo de Estado infringe su derecho a un juicio justo, así como el derecho que le asiste como presidente en el ejercicio de sus funciones. En su interpretación, la situación plantea una falta de competencia en el examen relacionado con su campaña presidencial, la cual también incluye aspectos de su personalidad agresiva y su estilo de liderazgo.
El caso es revisado actualmente por el juez Vladimir Fernández, quien antes ocupó el cargo de secretario legal del presidente en el Palacio de Nariño. Esta cercanía entre el juez y el presidente ha abierto un debate sobre la imparcialidad e integridad del proceso judicial que se está llevando a cabo.
¿Qué dice Petro en su defensa?
Petro sostiene que continuar con la investigación conducirá a un «caos legal», poniendo en riesgo la estabilidad institucional del país. Según su defensa, representada por la Comisión de la Cámara de Representantes, es la agencia que debe encargarse del examen de altos funcionarios del estado, y no el CNE.
En su solicitud al Tribunal, el presidente pide que se descarte el estado del Consejo de Estado, pidiendo evitar cualquier continuación del juicio y que la sala de consulta reconozca la inhibición por falta de jurisdicción en este asunto.
Entre las evidencias que ha solicitado el juez se encuentran copias del acto de acusación y el control judicial correspondiente relacionado con la autoridad que está manejando el caso.
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¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Petro? La tutela de Petro agita la Corte Suprema: ¿Puede ser sometido a examen?
Desde el ámbito legal, expertos en derecho constitucional han clarificado que, incluso si se concluyese que hubo irregularidades en su campaña, No hay derecho a destituir al presidente , sino que únicamente se podrían imponer sanciones administrativas, como multas o requerimientos de reembolsos.
El constitucionalista Primens Rodrigo ha señalado que la idea de Petro de un supuesto «golpe legal» carece de fundamento sólido. Explicó que, aunque existen diferencias de opiniones con respecto a los procedimientos, en ningún caso el desarrollo de estos podría afectar el ejercicio del mandato presidencial.
Además, otros abogados, como Hollman Ibáñez, han indicado que cualquier decisión fundamental sobre la situación de la campaña de Petro podría ser analizada después de 2026, una vez finalizado su mandato.
La tensión entre Gustavo Petro y el sistema electoral colombiano está incrementando notablemente. El Tribunal Constitucional deberá decidir pronto si pone un alto a la investigación o permite que esta continúe. Todo esto ocurre en un contexto de intenso debate legal que pone en juego la influencia política y la imparcialidad del juez, quien tiene un pasado en el Palacio de Nariño.
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