La construcción de la primera fase de la Villa Olímpica en Puerto Gaitán, presentada como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del municipio, enfrenta cuestionamientos por la forma en que se estructuró y ejecutó el proceso de contratación bajo la administración del exalcalde Jorge Plazas.
Acuerdo
El proyecto se firmó con un convenio intergubernamental entre la intendencia y la Asociación de Municipios Asosupro. A través de esta imagen, el afiliado desarrolló el proceso de selección para realizar el trabajo financiado con fuentes de derechos de autor.
En la etapa previa a la negociación, los interesados realizaron comentarios sobre especificaciones técnicas, planos eléctricos, capital de trabajo, aumento de anticipos y claridad de impuestos y timbres. Sin embargo, al final del proceso solo se presentó un postor: Consorcio Escenarios Deportivos.
El hecho de que solo se haya registrado un proponente ha causado preocupación en los sectores políticos locales, quienes cuestionan si existen condiciones suficientes para la pluralidad y la competencia.
Contratistas y enlaces
Dentro del consorcio se encuentran empresarios como Edgar Enrique Sarmiento Sabogal y Diego Fernando Morato Gutiérrez, quienes han estado involucrados en otros contratos de infraestructura y proyectos públicos en el departamento del Meta. También se han mencionado posibles vínculos políticos con líderes de la región, incluido el senador Alejandro Vega Pérez, lo que ha incrementado la discusión pública sobre posibles conflictos de intereses, aunque hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial que confirme irregularidades.
Progreso e implementación
El contrato tiene un valor de US$ 63.380 millones y se firmó en febrero de 2024, con un plazo inicial de 24 meses. Según datos del Departamento de Planificación, el avance financiero del proyecto es de casi el 48,6% y el avance material del 34,28%, cifras que han planteado dudas sobre la velocidad de ejecución y el plazo estimado de entrega.
La auditoría supervisa la Sociedad de Ingeniería, Civil, Construcción y Consultoría, cuyo representante autorizado ha estado involucrado en otros acuerdos de infraestructura en la región que también han sido criticados por retrasos.
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