Recientemente, en la región de Nariño, se ha reportado una disminución significativa en el número de víctimas a causa de minas antipersonales, lo que es un indicador claro de los esfuerzos realizados en el ámbito de la seguridad y la paz. Las colaboraciones y trabajos conjuntos entre las autoridades nacionales y locales, relacionados con el proceso de diálogo, han sido fundamentales para lograr esta disminución. En el año 2023, 44 personas fueron registradas como víctimas, pero se proyecta que para el año 2024, esta cifra se reduzca notablemente a solo 18, lo que representa una asombrosa reducción del 59.1% en los incidentes.
Este avance es un reflejo del compromiso que mantienen las autoridades y la población en general con el proceso de construcción de la paz en el territorio. La iniciativa que incluye diálogos con el Grupo Southern Comuneros, así como la participación activa de la oficina del jefe del jefe de paz e investigación humanitaria, ha permitido avanzar en la lucha contra este flagelo. Dicha oficina trabaja conjuntamente con la Comisión de Operación Integrada contra Minas opuestas, conocida como Aicma, lo que ha facilitado una gestión más efectiva en la problemática de las minas antipersonales.
“Jugamos por la paz, creemos en la paz, contribuimos a la paz en los territorios, pero aún necesitamos más esfuerzo, y creo que este es un camino que debemos recorrer paso a paso. Este es el desafío que enfrentamos y que debemos apoyar”, comentó Cristian Andrés Melo, un representante legal de la Asociación Antiperson, subrayando la importancia de la colaboración y el esfuerzo colectivo para alcanzar la paz.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema de Información de INSMA, entre los años 2022 y 2025, Nariño ha reportado un total de 110 víctimas de artefactos explosivos, consolidándose como el departamento con mayor incidencia de este tipo de situaciones en todo el país. Sin embargo, los resultados decrecientes a partir de 2024 han comenzado a confirmar el éxito de las intervenciones realizadas: en 2022 se registraron 39 víctimas (33 civiles, 6 miembros del público); en 2023, 44 víctimas (42 civiles); y para 2024, la cifra se reduce a 18 víctimas (12 civiles, 6 miembros del público). En lo que va de 2025, se han reportado 9 víctimas (7 miembros del público, 2 civiles).
Asimismo, como se detalla en el informe, las acciones de formación se alinean con los procesos de diálogo y las estrategias operativas. Para el año 2024, se identificaron 1.624 explosivos en la región, con una intervención más activa en los municipios de Tumaco, Olaya Herrera y Andes Sotomayor, que son considerados puntos críticos.
Las acciones se coordinan a través de la mesa departamental contra las minas, lo cual es esencial para una gestión integral y efectiva. En este contexto, se llevó a cabo el primer Congreso habitual del Comité de Acción Integral contra Minas opuestas de 2025, que desempeñó un papel crucial en la oficina técnica. Se anunció que el plan de acción para el año 2025 fue aprobado y diseñado para fortalecer las medidas de cobertura, la gestión del riesgo minero y el apoyo a las víctimas en amplia escala.
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