Seis meses después del inicio de las conversaciones entre el gobierno y el Clan del Golfo, el principal compromiso del grupo armado sigue sin cumplir: suministrar a niños y jóvenes reclutados por la fuerza. Según confirmó el ICBF, entidad encargada de restablecer los derechos de los menores separados de sus familias, no aceptó a ningún niño o joven del grupo. En septiembre de 2025, durante las negociaciones de Doha como parte de una política de paz total, el Estado adoptó medidas para facilitar este proceso, incluyendo la suspensión de órdenes de arresto y extradición, la implementación de sistemas de seguridad y la designación de áreas de ubicación en Córdoba y Chocó. A cambio, el Clan del Golfo tuvo que cumplir su único deber humanitario: devolver a los menores reclutados por la fuerza.
La senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, condenó que el gobierno haya otorgado privilegios al Clan del Golfo mientras la organización criminal sigue incumpliendo sus obligaciones. Lozano destacó que se emitieron órdenes de aprehensión y extradición de cabecillas, se entregaron recursos por más de diez mil millones de pesos en escoltas y vehículos de seguridad y se identificaron zonas de ubicación sin consultar a las autoridades locales. Según la congresista, estas decisiones demuestran un desequilibrio en la mesa de negociaciones, donde el Estado ha asumido una serie de obligaciones logísticas y legales, y la única exigencia humanitaria -proteger a los menores y asegurar su separación- no ha sido implementada, según la certificación oficial del ICBF.
La situación muestra que el reclutamiento forzoso persiste en Colombia. La Defensoría del Pueblo documentó 88 casos entre enero y agosto de 2025, 21 de los cuales fueron atribuidos al Clan del Golfo. Mientras tanto, informes recientes indican que la organización ha aumentado su fuerza operativa en un 140%, llegando a casi 10.000 miembros y consolidando su capacidad financiera con salarios mensuales de 1,5 millones de dólares. Lozano afirmó en sus declaraciones que «el horror no ha terminado», recordando que la protección de niños y jóvenes debe ser una prioridad en el proceso de paz. La denuncia se dirige directamente al presidente Gustavo Petro, quien cuestiona que se otorguen beneficios sin cumplir con la obligación central para los menores.
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