El reciente reclutamiento de la empresa Elocente SAS por un monto que supera los $770 millones en un lapso de seis meses ha generado intensas tormentas políticas en el departamento de Tolima. A pesar de que el gobierno está invirtiendo considerablemente en el fortalecimiento de las instituciones locales, la magnitud de esta inversión y la presencia de un equipo de aproximadamente 30 científicos de comunicación durante este tiempo han suscitado amplias interrogantes sobre la gestión de la gobernadora Adriana Magaly Matiz.
El foco de las disputas radica en dos acuerdos firmados entre el gobierno local y la firma Eloquentem SAS, cuyo representante es Carolina Orjuela Martínez, una conocida figura dentro de la industria de comunicación en Bogotá. El primer acuerdo, que fue firmado en octubre de 2024 y que tuvo un valor de $321 millones, tuvo una duración de apenas dos meses y medio. Posteriormente, un segundo acuerdo comenzó en marzo de 2025, con un monto de $450 millones que se extenderá por un período de nueve meses.
La suma total de $771 millones ha sido objeto de sospechas y denuncias por parte de diversos sectores de la comunidad, especialmente considerando que el departamento de Tolima ya cuenta con un sólido equipo de comunicación compuesto por unas 30 personas, entre las que se incluyen periodistas, diseñadores, fotógrafos y profesionales de audio y cine, cuyos salarios suman un promedio de $4.5 millones. Esta situación plantea dudas sobre la necesidad de recurrir a una firma externa para labores de comunicación y asesoría estratégica.
Carolina Orjuela ha cosechado una notable reputación en Tolima durante más de diez años, al haber asesorado en campañas políticas a figuras como Ricardo Ferro, José Barreto y, más recientemente, al senador Miguel Ángel Barreto. Su empresa ha alcanzado contratos millonarios no solo a nivel regional, sino también con partidos que operan a nivel nacional, involucrándose con entidades como Minas Minas, Jep y la Oficina Presidencial de la República.
No obstante, tanto periodistas como analistas políticos han manifestado que los montos pagados por el gobierno de Tolima están significativamente por encima de los promedios establecidos en el mercado para servicios de comunicación, incluso en comparación con los asesores de la Casa de Nariño.
El gobierno ha argumentado que la contratación de Oloquemia es una respuesta a la necesidad de recibir asesoría especializada y permanente, implementando un enfoque estratégico y de intermediación en sus esfuerzos comunicativos. Según los representantes oficiales, la compañía no está destinada a sustituir a los talentos locales, sino a complementar proyectos fundamentales como Tolimalab, Worldic, Coffee Fair, Southamerican Summit y Brave Women Strategy, entre otros. En defensa de estas contrataciones, los funcionarios han subrayado que se ha llevado a cabo una investigación de mercado y han negado que el acuerdo implique capacitación en medios para la gobernadora. Sin embargo, las cláusulas contractuales apuntan directamente a que la Oficina del Gobernador debe involucrarse activamente en la distribución e implementación de los eventos programados, lo que contradice la postura oficial planteada por el gobierno.
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