Los Ministerios de Trabajo y Vivienda emitieron la Circular Externa Conjunta 0028 de 2026 para poner fin a aumentos injustificados en las tasas administrativas de edificios y conjuntos residenciales en Colombia. El documento aclara que ningún administrador podrá aplicar ajustes automáticos en función de un aumento del salario mínimo o del desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este año. Por ello, el Gobierno nacional destaca que la Ley 675 de 2001 otorga la competencia exclusiva para establecer estos valores a la Asamblea General de Condóminos. Asimismo, esta medida pretende proteger el bolsillo de los vecinos de denuncias de aumentos desproporcionados que carecen de soporte técnico real para contabilizar la propiedad compartida.
En cuanto a la autonomía de las asambleas, la circular establece que los aumentos deben resultar únicamente de un análisis detallado del presupuesto anual de gastos e ingresos de cada grupo. De igual forma, carteras ministeriales señalan que vincular los costos administrativos con el salario mínimo es un error legal, porque la remuneración de los copropietarios incluye diversos servicios que no dependen únicamente del salario. Por esta razón, los administradores deben brindar informes financieros transparentes que justifiquen cada peso requerido para el mantenimiento, seguridad y sostenibilidad del inmueble. Además, la normativa anima a los consejos de administración a convocar reuniones informadas en las que prevalezca el principio de proporcionalidad y el bien común de los residentes.
Nuevas directrices gubernamentales sobre el aumento de las tasas administrativas
Continuar leyendo:
A su vez, diversas fuentes del sector inmobiliario e informes verificados en la cuenta oficial X @Minvivienda resaltan que las reuniones ordinarias, que suelen celebrarse en este primer trimestre de 2026, deben seguir estrictamente estas recomendaciones para evitar impugnaciones legales. Varios portales de noticias de renombre informan que la Superintendencia Notarial y de Registro también controla si las normas sobre viviendas no contienen cláusulas sobre indexación automática que sean incompatibles con la circular conjunta. Además, el Ministerio de Trabajo recuerda que si bien el costo de la seguridad privada y la limpieza aumenta con el monto mínimo, esto no significa que la tarifa total deba aumentar en la misma proporción. Asimismo, los residentes tienen derecho a solicitar soluciones alternativas de ahorro y una revisión de los contratos antes de aprobar cualquier cambio significativo.
En términos de transparencia administrativa, el gobierno nacional sugiere que los grupos preparen pronósticos financieros claros que permitan a los residentes evaluar las necesidades reales de reparaciones y mejoras. Por tanto, la decisión final depende de la voluntad de los propietarios, quienes deben votar en función de las realidades económicas del edificio, no de las expectativas de inflación externa. Por otro lado, la circular anima a las administraciones a buscar eficiencias operativas que mitiguen el impacto de los costes de mantenimiento sin sacrificar la calidad de los servicios básicos. De esta manera, la propiedad horizontal en Colombia avanza hacia un modelo de gobernanza más técnico y democrático, en el que cada aumento responde a una necesidad comprobada de infraestructura compartida.
Nuevas directrices gubernamentales sobre el aumento de las tasas administrativas
Temas que le interesan:
A medida que los edificios en Bogotá y el resto del país comiencen a construirse en marzo, los propietarios deben revisar cuidadosamente las convocatorias y propuestas de presupuesto enviadas por los administradores. La claridad en las razones del gasto es esencial para que los copropietarios puedan apoyar financieramente a sus comunidades sin sentir que están pagando tarifas arbitrarias. Del mismo modo, los expertos sugieren que la participación activa en estas reuniones impide que las minorías decidan los bienes de todos. Así, la jornada de esclarecimiento del gobierno finaliza con un mensaje de autonomía responsable, confirmando que el orden financiero de los hogares colombianos depende de decisiones colectivas razonadas y adaptadas a la legislación aplicable.
59
