El 20 de julio, la cirugía militar en la aldea de Chiriquí, en la Comuna de Lloró (Chocó), liberó la crisis, que subió el último desempleo de 48 horas armado por Eln. Aunque el ejército dijo que era una acción contra el campo de guerrillas, los líderes y residentes locales condenaron muchas violaciones de los derechos humanos. Otra versión de la operación militar que lanzó The Armed Eln en Chocó.
Yohan Yessy Machado, Personero de Lloró, reveló que el ejército había detenido a 15 aldeanos, nativos y cinco afro -zarza, algunos de ellos maestros. Según las quejas, una de las torturas capturadas, varios fueron derrotados y la comunidad informó teléfonos celulares y otros elementos.
«Uno de los jóvenes fue golpeado en su cabeza y casi se rompió la pierna. Otro lo torturó con agua y le sopla en la cara. Tenemos fotos», dijo Machado.
El ejército justifica la actividad y niega las irregularidades
El ejército nacional explicó que la operación intentó neutralizar la estructura de Manuel Hernández en el frente El Boche del Eln. En el sitio encontraron drones, explosivos, computadoras y materiales de guerra, que, según los altos controles, confirmaron la presencia del centro de entrenamiento de ataque tecnológico.
Este es el comunicado de prensa del ejército:
El general William Caido explicó que la acción permitía identificar partidarios recién llegados de Venezuela, preparados para celebrar drones con fines ofensivos. «Este grupo planificó ataques de la fuerza pública. La presencia en Chiriquí era estratégica», dijo el oficial.
Ante las quejas, el Ejército dijo que el incendio no tiene cese de ELN, por lo que mantienen todas sus habilidades ofensivas activas y niegan cualquier acción fuera del marco legal.
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Eln declara que el impacto armado y las fuerzas militares introducen un contrato
El frente de las guerras occidentales de Eln reaccionó a la cirugía con una huelga armada en varios municipios de Chocó. Los partidarios advirtieron que la población no puede movilizarse a través de ríos o caminos terrestres durante 48 horas a partir del 25 de julio.
Las fuerzas militares reaccionaron con una muestra conjunta de la fuerza del ejército, la marina y la aviación, centradas en la protección de los corredores fluviales y los centros urbanos. Se aseguraron de que no permitirían restricciones armadas a la movilidad civil y llevarían a los ciudadanos a condenar las amenazas por línea 107.
«Estos narcóticos, quieren conciliar el miedo a controlar las rutas de narcotráfico. No lo dejaremos hacerlo», dijo el Comando General.
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