En un fallo histórico, el juez colombiano condenó a siete ex director de Marek Chiquita multinacional a la edad de 11 y 3 meses de prisión por un concierto por el crimen y el financiamiento de grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia. Por primera vez, la alta gerencia enfrenta la privación de la libertad y se verá obligada a pagar una compensación a los millonarios a las víctimas afectadas por las acciones de las Fuerzas Unidas en defensa de Colombia (AUC).
La demanda cierra un largo período de impunidad, que alcanzó hasta 2007, cuando Chiquita aceptó a los tribunales de los Estados Unidos para realizar más de cien pagos ilegales a favor de los paramilitares, lo que hizo masacre, asesinatos selectivos, reasentamiento forzado y amenazas a los empleados y comunidades en Ubę y Magdalena central. Mientras En los Estados Unidos, la compañía fue sentenciada a una multa de millonarios, En Colombia, sus gerentes no se mantuvieron frente a las sanciones hasta esta resolución emitida en Antioquia por el sexto Tribunal Penal del Distrito Especialista.
Crímenes que motivaron la convicción incluyen Financiamiento de grupos armados ilegales, participación en los asesinatos de sindicalistas y civiles y el concierto deteriorado del crimen.
La justicia mostró que durante el conflicto, Paramilitar protegió los intereses económicos de la supresión internacional Protestas de trabajo y extensión del control armado sobre los territorios estratégicos de producción de plátanos. Según las investigaciones, International decidió cooperar con estas organizaciones armadas ilegales en lugar de ir a las fuerzas estatales.
El juicio enfrentó varios choques, incluidos informes con mentiras y omisiones, que tenían como objetivo liberar la responsabilidad de los gerentes involucrados, así como casi con la prescripción del crimen, apenas excedieron el juicio a tiempo. La justicia colombiana negó la suspensión de las sanciones y una prisión de origen a los condenados, emitiendo órdenes de arresto internacional para aquellos que no estaban presentes.
La creencia parece ser un precedente sin precedentes para casos similares en Colombia, en el que otras corporaciones con conexiones con grupos paramilitares pueden enfrentar las leyes de los crímenes contra la humanidad. La decisión judicial refleja el progreso en los mecanismos de justicia para las víctimas del conflicto armado y el llamado a examinar y sancionar a los terceros, que financian la violencia.
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