El Comisionado del Tribunal Constitucional, Vladimir Fernández, ha recibido la petición de suspender temporalmente el proceso provisional que involucra a la Comisión Nacional del Consejo Nacional de Elecciones (CNE) en el contexto de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta solicitud emerge en un momento crítico, ya que busca frenar cualquier decisión final mientras se llevan a cabo investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña del actual Presidente. La cuestión central recae sobre la aparente capacidad del CNE para indagar sobre él, dado que ha sido señalado por presuntas irregularidades financieras en la manera en que se reunió su capital de campaña.
El Tribunal Constitucional ha optado por establecer un Guardianismo desde el 28 de febrero, donde Gustavo Petro solicita que se revise la resolución del Consejo de Estado, que determinó al CNE como la entidad competente para llevar a cabo dicha investigación. La defensa del presidente argumenta que esta resolución representa una violación a la jurisdicción constitucional diseñada para proteger su posición y los derechos que corresponden exclusivamente al Comité de Acusación de la Cámara de Representantes. Este punto de vista subraya la necesidad de que las instancias judiciales respeten la delimitación de competencias entre las diferentes autoridades en juego.
El tribunal ha iniciado ya el análisis del caso, solicitando la documentación pertinente a ambas partes involucradas: el CNE y el comité de acusación. Estas instituciones han sido requeridas para enviar todos los documentos relevantes junto a informes exhaustivos que respalden sus posiciones. De igual manera, se ha designado a un asistente, Diana Millions, para emitir un dictamen sobre los antecedentes de cómo se han manejado situaciones similares, especialmente en el contexto de investigaciones contra expresidentes, lo cual es crucial para determinar si ha habido un tratamiento desigual en la forma en la que se aborda el caso de Petro.
Es importante señalar que el caso ya ha alcanzado un nivel de evaluación en el CNE, donde se han presentado acusaciones por parte de magistrados que señalan a Petro por la supuesta utilización de fondos irregulares. Sin embargo, es notable que una gran parte de los miembros del CNE se manifiestan a favor de la aplicación de sanciones en este caso. En caso de que el tribunal acepte la solicitud de Fernández, podría haber una paralización del proceso mientras se determina si el CNE ha infringido el derecho del presidente a un debido proceso. Un fallo a favor de Petro no solo podría llevar a la suspensión del procedimiento del CNE, sino que también podría establecer un precedente significativo, señalando que únicamente el comité de acusación tiene la capacidad de investigar al presidente en ejercicio, lo que podría tener repercusiones importantes para el manejo de casos similares en el futuro del país.
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