El Personero de El Agrado, Gerán Orlando Salas Gutiérrez, ha logrado una victoria significativa al derrotar al municipio legal y al gobierno local en una lucha a favor del guardianismo, que requería medidas urgentes para salvaguardar la vida y la integridad de los estudiantes en una de sus instituciones educativas.
Un proceso persistente
Recientemente, el primer tribunal suelto de Garzón ratificó el veredicto de un tribunal libre en El Agrado, otorgando el derecho al Personero Gerán Orlando Salas Gutiérrez. Este último había presentado una serie de medidas de protección contra el municipio de El Agrado, su departamento educativo y el gobierno de Huila. Esta decisión judicial corrobora la obligación de implementar medidas inmediatas que aseguren la protección de 287 estudiantes, profesores y personal administrativo en la sede de Nuestra Señora Rosakran, donde se mantienen condiciones de riesgo organizacional.
Falla fija
La Oficina del Alcalde y el Gobierno locales intentaron oponerse a esta resolución en dos ocasiones, buscando revertir las determinaciones judiciales emitidas. Sin embargo, los jueces ratificaron que una violación del derecho a la educación segura y digna es evidente y que su promoción requiere urgente la adopción de un plan de contingencia. En su argumentación, el Personero Salas Gutiérrez sostuvo que la falta de acción por parte de las instituciones había puesto en peligro tanto la vida como la salud de toda la comunidad educativa, enfatizando que era necesaria una intervención inmediata.
Esperando acción
Se anticipa que el fallo, que ya ha generado expectativas, será firmado en los próximos días. En este sentido, se espera que las partes responsables presenten un diseño exhaustivo y un cronograma para llevar a cabo las obras civiles necesarias. La Personería ha anunciado que llevará a cabo un monitoreo riguroso para asegurar el cumplimiento estricto de la resolución judicial y la implementación efectiva del programa requerido. De hecho, advirtió que cualquier incumplimiento será llevado a casos superiores. Además, el Personero reiteró que la seguridad y bienestar de los estudiantes son temas no negociables, y que no se permitirán retrasos por parte del gobierno que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la comunidad educativa. La ciudadanía está a la expectativa de respuestas concretas y acciones que demuestren un compromiso real con la protección de su joven población educativa.
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