Andrés Orueña y su secretaria son investigados por su presunto uso inapropiado de la supervisión del consejo.
La oficina del Ministro de Justicia ha comenzado a formalizar un Pliego en contra del presidente del municipio de Alvarado, Andrés Felipe Orueña Aramendiz, y de su secretaria, Andrea Dayana Álvarez Pérez. Esta acción se fundamenta en presuntas irregularidades incurridas en la gestión de recursos públicos durante el segundo semestre de 2023. Los cargos se han generado en un contexto de creciente preocupación sobre la administración fiscal en la región.
Datos
El proceso legislativo ha sido desencadenado a raíz de una queja presentada por el ministro José Iván Paz García. Este alto funcionario alertó que, durante un periodo crucial que abarca desde el 31 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2023, el Consejo operó sin la debida aprobación. Se ha señalado que durante este intervalo se realizaron cambios y se han emitido acusaciones sobre diversas transacciones sin la debida autorización. Las autoridades pertinentes se encuentran investigando la posible desaparición de fondos públicos durante este lapso, lo que podría representar un serio delito y un mal manejo de recursos públicos.
Pagos
En relación con los hechos, el ministro de Justicia de Ibagué ha indicado que, como secretaria del Consejo, Andrea Dayana Álvarez autorizó indebidamente pagos que totalizan $22,868,198 entre el 7 de julio y el 9 de octubre de 2023. Los pagos se realizaron a través de cheques que fueron emitidos y cobrados desde la cuenta bancaria pública, lo que desata serias dudas sobre la administración de recursos financieros del municipio.
Por su parte, el presidente de la compañía, Andrés Felipe Orueña, enfrenta dos acusaciones serias: la primera, por haber autorizado la supervisión del Consejo sin haber cumplido con las medidas administrativas necesarias; y la segunda, debido a la negligencia en la custodia del capital institucional. Esta falta de atención habría facilitado la suplantación de firmas y la recolección de fondos mediante prácticas fraudulentas que involucran a varios participantes, lo que podría agravar aún más la situación.
Descomponer
Una agencia reguladora ha calificado estas acciones como un delito grave, imponiendo multas severas debido a las repercusiones negativas que conllevan para la herencia pública. Además, se ha evaluado la posible violación de principios fundamentales de legitimidad y responsabilidad en la gestión de recursos, elementos esenciales para la confianza pública en las instituciones.
Proceso
El proceso disciplinario seguirá su curso en el Ministerio de Justicia de Ibagué, donde se llevará a cabo una minuciosa revisión de la evidencia presentada. Esta será evaluada con el objetivo de determinar si se procederá con una investigación y, en su caso, con acciones disciplinarias contra los involucrados. La Oficina del Ministro de Justicia ha subrayado que estas medidas disciplinarias tienen el propósito de garantizar la transparencia en la administración pública y ha advertido que se seguirán utilizando medios para fiscalizar el uso de recursos en los municipios de Tolima, asegurando que la rendición de cuentas sea una prioridad en la gestión pública.
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