Durante una reciente visita a Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una nueva estrategia del Gobierno nacional que tiene como objetivo debilitar significativamente el tráfico de drogas en Colombia. Esta estrategia busca estrangular las economías ilegales desde su origen, actuando sobre una cadena de suministro que alimenta a varios grupos armados ilegales. En este contexto, el Ministro condenó la redirección de suministros críticos, citando específicamente el desvío de gasolina y cemento hacia territorios controlados por dichos grupos. Uno de los ejemplos mencionados fue la desviación de combustible de Buenaventura a Tumaco, una maniobra que evita la transferencia de estos suministros a través del Cañón de Micaay, un punto estratégico muy importante.
El ministro, Pedro Sánchez, enfatizó: «Esta es una economía ilegal que necesitamos devolver no rentable. Necesitamos apoyo comunitario para reducir el oxígeno para los grupos armados. Smerting comienza a recibir contribuciones», subrayando la necesidad de cooperación cívica para combatir el problema. Sin embargo, también lamentó que a pesar de la voluntad de diálogo mostrada por el Gobierno, muchas entidades armadas aún operan con un nivel de violencia extremadamente alto. Además, advirtió que un alarmante 70% de estos grupos ha demostrado poco interés en alcanzar la paz, lo que solicita una respuesta decidida por parte del Estado.
La estrategia del Gobierno se articula en torno a tres frentes principales. El primer frente es el programa *Renhacer*, que tiene como objetivo reemplazar los cultivos ilegales ofrecidos a los campesinos, proveyendo alternativas sostenibles que les permitan desarrollar sus vidas dentro de economías legales. La idea es fomentar un entorno en el que estos agricultores puedan encontrar vías lícitas de sustento, alejándolos de la tentación de cultivar productos ilícitos.
El segundo frente se centra en un golpe directo a la infraestructura y estructura operativa de los grupos ilegales. Esta tarea ha mostrado avances significativos, ya que, este año, más de 1.300 miembros de estos grupos han sido neutralizados y se han desmantelado laboratorios de cocaína a un ritmo vertiginoso, uno aproximadamente cada hora. Este tipo de intervención es crucial para debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Finalmente, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad y el desarrollo de las regiones más golpeadas por el tráfico de drogas. «El mensaje es claro: actuaremos con firmeza, pero también con esperanza, promoviendo cambios en los territorios. Esta lucha no es solo militar; es fundamentalmente social y económica», concluyó, reafirmando la necesidad de un enfoque integral que contemple no solo la represión, sino también el desarrollo de comunidades sostenibles.
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