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Procuraduría recibe y riesgo en un acuerdo de pasaporte con la impresión nacional – adicional – Noticiero express

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El fiscal general realizó dos visitas administrativas al Centro Nacional de Impresión en Bogotá. Objetivo: Revisión de la capacidad de la entidad para imprimir pasaportes y análisis del contrato firmado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Casa de la Mint de Portugal. Los resultados fueron inquietantes. Improvisación de la oficina de bar y el riesgo en un acuerdo de pasaporte con la impresión nacional.

Durante la inspección, la autoridad de control encontró documentos sin soporte técnico, respuestas vacías de funcionarios clave y sin planificación financiera. Según el abogado Marcio Melgosa, la entidad preveía una validez futura para 2036 sin aprobar el documento Confis o Conpes.

Alto riesgo de una expedición de pasaporte

La falta de preparación técnica y administrativa en la impresión nacional puede exponerse a una expedición de pasaporte el 1 de septiembre de 2025. La Oficina del Fiscal General ha advertido que la entidad no está lista para imprimir o preparar cuadernos.

La impresión de pasaportes todavía está amenazada debido a la falta de planificación del gobierno de Petro con un nuevo modelo de impresión de pasaporte.

Además, el Consejo de Directores no tiene minutos que respalden el contrato. La gerente Viviana León no proporcionó respuestas o documentos claros que justifican el juicio. Esto puede afectar la ley de los colombianos para obtener un pasaporte de manera apropiada y segura.

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Nuevo modelo institucional en el ojo del huracán

El gobierno de Petro insiste en la implementación de un nuevo modelo para imprimir pasaportes. Según Casa de Nariño, la idea es fortalecer el papel público en la emisión de documentos de viaje. Sin embargo, la Oficina del Fiscal General cuestiona la rentabilidad del horario oficial.

Firma del acuerdo de pasaporte con Portugal.

Según los datos recopilados por la Unidad de Impresión Nacional, requeriría de 25 a 35 semanas para comenzar a operar después de firmar el contrato. El término requerido por el gobierno, en septiembre de 2025, no cumple con esta realidad técnica.

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