Este problema debe ser el eje principal de una política pública para la protección infantil.
El alarmante problema de la desaparición infantil en Bogotá ha tomado un giro crítico en los últimos meses. En el año 2024, más de 760 niños han sido reportados desaparecidos, un número que genera profunda preocupación entre las autoridades y la sociedad civil. Lo más alarmante de esta situación es el patrón de la desaparición: la gran mayoría de los desaparecidos son adolescentes, muchas de las cuales son mujeres y provienen de entornos marcados por la violencia doméstica. Esta preocupante información fue compartida por los funcionarios Fabián Puentes y Samir Bedoya, miembros del Partido Político de Mira, durante una rueda de prensa titulada ¿Qué está pasando con los hijos menores que faltan en Bogotá?, en donde también se hizo énfasis en la intervención del Ministro de Mary Clara.
Una imagen que no se puede estandarizar
El concejal Samir Bedoya expresó su preocupación de manera enérgica, afirmando: «No estamos hablando de números, estamos hablando de vidas perdidas, de familias destruidas y de infancias que nunca recuperarán su inocencia.» Resaltó que la violencia doméstica no solo afecta la seguridad del hogar, sino que también actúa como un factor de riesgo que puede forzar a muchos niños a abandonar sus casas. En situaciones como estas, muchos caen en la trampa de la trata de personas o son víctimas de delincuentes que explotan su vulnerabilidad a través de Internet.
Además, Bedoya condenó el hecho de que aproximadamente el 70% de los niños desaparecidos son mujeres, y un asombroso 90% son adolescentes. Estas estadísticas demandan una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno. «Cuando un niño desaparece, el daño es irreparable. La prevención debe ser la máxima prioridad del Estado», agregó.
La tecnología debe proteger, no llegue tarde
Por su parte, Fabián Puentes, quien también se pronunció en nombre de Mira, recordó su papel en la creación del proyecto que dio lugar a la Ley Sara Sofía, un dispositivo cuyo objetivo es permitir la notificación inmediata de la desaparición de menores a través de plataformas digitales. Sin embargo, Puentes criticó la falta de implementación efectiva de esta ley en Bogotá, así como la insuficiente acción por parte de las compañías de telefonía móvil que, de acuerdo a la normativa, deberían enviar alertas inmediatas en caso de desaparición.
«El problema no es solamente que los menores desaparecen; la verdadera tragedia es que la respuesta del Estado llega tarde, demasiado tarde», subrayó.
Puntualizó también que el entorno digital presenta nuevos y peligrosos riesgos: las redes sociales y las plataformas de mensajería son utilizados por delincuentes para acercarse a menores con intenciones maliciosas. Mencionó un escabroso caso reciente en el que varios niños desaparecieron tras establecer contacto con un hombre que conocieron en línea, enfatizando que el Estado no puede continuar ignorando esta realidad. «La seguridad de los niños no debería ser responsabilidad exclusiva de los padres; es una cuestión que implica a toda la sociedad y las instituciones», declaró.
Ambos concejales propusieron que el uso de tecnología de la información de la localidad estuviera vinculado a la creación de una política proactiva de prevención en el ámbito digital. También hicieron un llamado a que el gobierno local retirara toda forma de publicidad sexual en áreas cercanas a escuelas, y propusieron el establecimiento de un sistema internacional de información que permita tomar decisiones más rápidas y efectivas ante casos de desaparición.
«Cuando un menor es abusado o desaparecido, su vida nunca vuelve a ser la misma», puntualizó Bedoya. «No podemos seguir tratando este tema como si fuera solo una mera estadística. Bogotá necesita una política pública sólida, centrada en la prevención y que involucre a todos los sectores. Proteger a los niños es una obligación que no puede esperar».
Entre 2023 y febrero de 2025 se ha informado
30
