En marzo de 2024, un grupo de estudiantes decidió llevar a cabo una serie de quejas formales que serían clave para establecer el comportamiento inapropiado de un maestro vinculado al Departamento de Lingüística e Idiomas. Estas quejas se presentaron antes de que se pusieran en marcha las instrucciones disciplinarias para el Centro Educativo, resaltando la gravedad de las acusaciones formuladas por los alumnos. Los estudiantes manifestaron su preocupación por el ambiente educativo que se estaba creando, lo que, a su parecer, no era adecuado para recibir clases y aprender.
A raíz de estas denuncias, la oficina regional del fiscal general en Nariño tomó medidas decisivas y ordenó que se realizaran pruebas para investigar más a fondo la situación. Esto incluyó la recopilación de quejas adicionales, así como informes de expertos en el ámbito educativo y psicológico. Estas auditorías fueron necesarias para evaluar la influencia que estas circunstancias pudieron tener sobre la salud mental y emocional de los estudiantes, al tiempo que se llevó a cabo una inspección en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.
Según los reportes proporcionados por los estudiantes, el maestro habría incurrido en acciones que rozan lo inadmisible, llegando a intentar besarlos sin su consentimiento. Los relatos de los jóvenes destacaron que tales conductas no solo eran inaceptables, sino que también les generaban incomodidad y les llevaban a una situación de angustia personal. Este clima de malestar fue un factor determinante para que se atrevieran a elevar las quejas adecuadas ante las autoridades competentes.
El veredicto de la agencia de control académica fue claro. Se afirmó que el maestro “aparentemente abusó de su posición de autoridad”, lo que conllevaba violaciones a los derechos fundamentales de los estudiantes, en especial en lo que respecta a la dignidad humana, la integridad personal y al trato igualitario que deberían recibir todos los educandos sin distinción. En consecuencia, la autoridad de control decidió emitir un informe detallado e iniciar un procedimiento administrativo por la supuesta falta cometida, considerando que las acciones del encausado podrían tipificarse como falta disciplinaria de la más grave naturaleza.
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