La junta directiva de Johana Aranda en Ibagué ha desencadenado una tormenta política al revelar que, durante su primer año como alcalde, asignó casi $ 18,000 millones de recursos públicos para financiar fiestas, eventos, espectáculos y medios de comunicación. Este escándalo estalló en un debate de supervisión política llevado a cabo bajo la dirección del ministro Jorge Bolívar, quien catalogó estos gastos como «desechos vergonzosos», especialmente considerando las serias necesidades sociales que enfrenta la ciudad. La revelación ha provocado una ola de críticas y ha puesto en entredicho la gestión de Aranda y su capacidad para enfrentar las realidades que viven muchos de los ciudadanos.
Según las declaraciones de Bolívar, los documentos públicos indican que la empresa Leon Graphics Company recibió la mayor parte de este dinero, con contratos que suman $ 11,668 millones para la planificación de eventos emblemáticos, como el Festival Nacional Colombiano. Otros beneficiarios del grueso de los fondos incluyen a la Fundación IMIX, que recibió $ 2,812 millones, un grupo activo que obtuvo $ 1,327 millones, y un individuo llamado Cristian Montoya, quien fue favorecido con $ 1,153 millones. Estos números no solo son alarmantes en términos de cantidad, sino que también llaman a la reflexión sobre las prioridades de la administración municipal.
Fiestas excesivas
Lo más indignante, según lo expresado en el debate, es que, a pesar de que Aranda ha derrochado enormes cantidades en celebraciones, miles de adultos mayores en Ibagué apenas han recibido ayuda simbólica: solo se destinaron $ 800 millones a programas que ni siquiera se centraron en cubrir necesidades básicas, como la alimentación, sino que se enfocaron en servicios superficiales como cortes de cabello y manicura. Esto pone en evidencia una falta de sensibilidad y compromiso por parte de la gestión de Aranda hacia los sectores más vulnerables de la población.
Además, se dio a conocer que la oficina del alcalde pagó a Jorge Varón Televisión $ 260 millones por la celebración de lo que se menciona como el evento del año en el 42º Departamento de Deportes. «Con un gobierno más austero y responsable, podríamos ahorrar al menos $ 10,000 millones y reorientar esos fondos hacia necesidades sociales verdaderas», afirmó Bolívar, planteando una crítica contundente al modelo de gestión actual. Si bien la promoción de eventos puede tener su valor, la magnitud de los gastos en comparación con las prioridades sociales es insostenible.
En medio de esta situación, IBaBu sigue enfrentando una crisis que se traduce en la falta de cantinas comunitarias, así como en la ausencia de cámaras de seguridad y la deterioración de las vías, que están repletas de peligrosas condiciones. Estas carencias plantean un contraste doloroso entre el despilfarro festivo y las necesidades apremiantes de la comunidad.
El ministro Bolívar instó al concejal local a abrir una investigación urgente para determinar si existen irregularidades en los contratos millonarios que se han firmado para el año 2024. «No podemos seguir permitiendo que el capital público se consuma en un espectáculo de luces mientras nuestros ciudadanos sufren la falta de seguridad, alimentación y atención en salud», advirtió, resaltando la urgencia de tomar medidas correctivas.
Este escándalo no solo cuestiona la gestión de Aranda, sino que podría convertirse en uno de los mayores casos de despilfarro de recursos públicos en la historia reciente de Ibagué. La pregunta que queda en el aire es si este dinero derrochado será correctamente auditado y si se tomarán las decisiones adecuadas para que las necesidades básicas de los ciudadanos sean atendidas como deben ser. La entrada se publicó por primera vez en extra | El diario de todos.
