En la Liga Putumayo, hay una gran expectación en torno a la decisión que tomará el gobernador Jhon Gabriel Molina Acosta, ya que el proceso de invalidación de su elección se encuentra en curso. Esta demanda ha sido interpuesta ante el Consejo de Estado por el abogado Hugo Armando Granja Arce, quien busca la anulación de la Ley Electoral que lo avala como gobernador para el período 2024-2027, registrada bajo el formato E-26 el 25 de febrero de 2025. Esta situación ha captado la atención no solo de los medios locales, sino también de los habitantes de la región que esperan con incertidumbre la resolución del caso.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna decisión definitiva sobre este asunto jurídico, por lo que el proceso permanece abierto y en espera de un desenlace que podría tener implicaciones significativas para la política local. La falta de información concreta ha mantenido a la población al borde de sus asientos, ya que los resultados de este litigio podrían alterar el panorama político del Putumayo y afectar diversos proyectos en curso.
El eje argumental del caso gira en torno a la supuesta incapacidad de Jhon Gabriel Molina, la cual se fundamenta en el hecho de que su hermana, Lucy Maritza Molina Acosta, ejerce como Secretaria General del Ministerio de Educación. Esta designación se realizó a través de un decreto presidencial, lo que, según el demandante, plantea un conflicto de intereses y revela que Molina estaría utilizando el aparato gubernamental a su favor, un punto que podría enmarcar su inelegibilidad. Este argumento resalta la complejidad del entramado legal y los lazos familiares que podrían influir en la administración pública.
En adición a esto, el demandante sostiene que Lucy Molina ha estado involucrada en la firma de un memorando relacionado con un acuerdo de entendimiento en el año 2024 en Putumayo, lo que supuestamente habría tenido un impacto negativo en el desarrollo de la liga. Es relevante destacar que los vínculos familiares en posiciones de poder suelen suscitar debates sobre la transparencia y la ética en la gestión pública, lo que añade más peso a la demanda presentada.
En respuesta a la situación, el Consejo de Estado aceptó la demanda en marzo de 2025 y otorgó un plazo de 15 días al gobernador Molina, al Consejo Electoral y a la Agencia Nacional de Defensa Legal del Estado para proporcionar sus respuestas. Con esto, el proceso sigue en pie, manteniendo en vilo a la población que ansía saber cuál será el futuro de su liderazgo y la dirección que tomará la gobernanza en Putumayo. Las implicaciones de esta decisión podrían ser profundas y trascendentales, no solo para Molina, sino para toda la comunidad.
43
