Después de comentar sobre el hundimiento de la consulta popular, el ex jefe del fiscal revela mensajes amenazantes y demandas de investigación.
El ex fiscal general, Francisco Barbosa, ha expresado su condena a las amenazas de muerte que han recaído sobre él y su familia, en reacción a sus declaraciones críticas respecto al reciente hundimiento de las consultas populares que fueron propuestas por la Junta de Gustavo Petro. Este acontecimiento ha desatado una ola de tensión y polarización en el clima político del país.
Barbosa decidió hacer públicas las amenazas que ha recibido a través de su cuenta en la red social X. Entre los mensajes, uno especialmente inquietante le advirtió que «se dejará como un filtro» y que verá «quemarse el suyo». Este tipo de comunicación ha suscitado alarmas sobre la seguridad de quienes se atreven a expresar opiniones contrarias a las posturas predominantes.
En consecuencia de esta inquietante situación, el ex fiscal presentó una queja formal ante el Ministro de Justicia, solicitando una investigación urgente que permita identificar y proceder legalmente contra los responsables de estas amenazas. Este acto no solo refuerza su posición en contra del miedo, sino que también busca establecer un precedente sobre la importancia de la protección a quienes se involucran en la vida política y social del país.
Político
Barbosa comentó: «Decliné un poderoso que la valiente amenaza se hizo contra mí y mi familia», reafirmando su compromiso de no dejarse intimidar y de seguir abordando los cruciales problemas que enfrenta la nación en la actualidad. Su postura valiente resalta la necesidad de un diálogo abierto en un entorno donde las diferencias de opinión han escalado a niveles de confrontación personal.
Las amenazas que ha recibido son indicativas de un entorno de fuerte polarización política, especialmente después de que el Senado decidiera hundir las consultas populares, una medida que Barbosa calificó como «política, innecesaria y animal». En su declaración, el ex fiscal también agradeció la decisión del Parlamento, afirmando que de esta forma se han ahorrado 700 mil millones de pesos que podrían ser redistribuidos a sectores prioritarios, tales como la salud y el empleo. Este argumento económico busca resaltar la viabilidad de las decisiones políticas dentro del contexto delicado de la gobernanza.
La queja formal presentada por Barbosa ha logrado resonar en múltiples sectores de la sociedad y ha puesto de relieve las preocupaciones no solo sobre la seguridad de los líderes políticos, sino también sobre la integridad de las instituciones públicas en Colombia. La oficina del fiscal ha confirmado la recepción de la queja y se espera que inicie una investigación en breve, no solo para abordar las amenazas recibidas, sino también para enfrentar el clima de hostilidad que ha comenzado a emerger en el contexto político.
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