El expediente judicial de Aída Merlano sigue avanzando después de varios años de decisiones, fugas y devoluciones que se han convertido en uno de los casos más sonados del país. La excongresista fue condenada inicialmente en 2019 por delitos de compra de votos en el Atlántico, un juicio que descubrió una influyente conspiración de corrupción electoral. Posteriormente, en 2022, el Tribunal Supremo le impuso otra condena por violar los límites de campaña, que fue confirmada en 2024.
En octubre de 2019, mientras cumplía condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Merlano participó en una de las fugas más memorables de Colombia. Aprovechó una visita a un consultorio dental en el norte de la capital para descender en rappel por una ventanilla y escapar en una motocicleta conducida por sus cómplices. Luego de permanecer en Venezuela mientras escapaba, regresó al país deportado el 10 de marzo de 2023.
El caso tomó un nuevo giro el 5 de diciembre de 2025, cuando un juez bogotano aprobó un preacuerdo entre Merlano y la Fiscalía, según el cual la excongresista aceptaba responsabilidad por el delito de fuga de presos. Esta decisión resultó en una pena de prisión de 42 meses. Durante la audiencia, el juez rechazó una solicitud para ponerlo bajo arresto domiciliario, justificando el riesgo de fuga por su origen. Por su parte, Merlano expresó su pesar y pidió disculpas a la justicia, señalando que el motivo de su fuga fue el miedo y los presuntos malos tratos que recibió en prisión.
Con este veredicto, Merlano suma tres condenas fuertes: una por corrupción electoral, otra por violar los límites de campaña y otra por evadir a las autoridades. Su caso sigue siendo objeto de escrutinio público, no sólo por la gravedad de los hechos, sino también por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema electoral, la supervisión penitenciaria y la dinámica política en el país.
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