La oficina del Ministro de Justicia detuvo la resolución ambiental de Savannah Bogotá.
La oficina del Ministro de Justicia ha comenzado a formular una urgente solicitud al Ministerio del Medio Ambiente. La petición concreta involucra la detención de la resolución de arrastre en el Plan Ambiental de Savannah en Bogotá, que se encuentra actualmente en una fase de consulta pública. Además, se requiere que se reinicie la regulación de acuerdo con las directrices establecidas en el nombramiento 1081 de 2015, un marco normativo que busca asegurar la protección del medio ambiente en el desarrollo urbano.
Esta solicitud se origina tras una exhaustiva evaluación del proceso vigente, donde la entidad de gestión ha determinado que no hay justificación para el nivel de participación y enfrentamiento registrado. Desde sus canales oficiales, la oficina del Ministro de Justicia destacó la necesidad de «devolver los documentos y la evidencia técnica que se debieron presentar para abordar las contradicciones planteadas por partes interesadas, industrias y ciudadanos que no tuvieron la oportunidad de expresar sus opinión.»
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministerio público es la notable ausencia de seguridad jurídica para los ciudadanos que han participado o que tienen previsto hacerlo en las consultas públicas programadas hasta el próximo 28 de abril. Esta inquietud se debe a la falta de claridad sobre las implicaciones legales de su participación en dicho proceso.
El Ministro de Justicia enfatizó, «El reclamo se lleva a cabo para garantizar que los tribunales sean cumplidos y ofrecen seguridad legal, evitando así confusiones respecto a las consecuencias de participar en este proceso».
Tensión política y técnica
El proyecto de resolución, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente a principios de marzo, ha desatado un intenso debate. A pesar de que la iniciativa pretende establecer nuevas normativas sobre la planificación ambiental de Savannah Bogotá, ha encontrado resistencia entre distintas voces, incluyendo la oficina del alcalde de Bogotá, el gobierno de Cundinamarca y diversos sectores industriales, incluidos los de la construcción. Todos ellos han manifestado su rechazo, argumentando que hay una falta de socialización adecuada sobre el tema.
El alcalde Carlos Fernando Galán fue uno de los primeros en pronunciarse. Según sus declaraciones, la propuesta no ha sido sincronizada con las necesidades y características del área metropolitana y su posible aprobación podría generar incertidumbre respecto al futuro de al menos 138 proyectos de infraestructura que son de gran relevancia, tales como el metro de Bogotá, la avenida longitudinal de Occidente (ALO) y el intercambio de la Calle 80.
El alcalde de Bogotá advirtió: «La falta de claridad sobre qué áreas se identificarían como humedales deja en un limbo a proyectos clave para la ciudad».
La iniciativa en cuestión fue uno de los últimos proyectos presentados por la ex ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien ha defendido la resolución, argumentando que su objetivo era establecer lineamientos claros sobre la protección ambiental de Savannah sin interrumpir las obras que ya han sido aprobadas o que cuentan con terrenos activos para zonas urbanas.
En respuesta, se escuchó a la ex ministra afirmando que «el alcalde está totalmente desinformado».
Sin embargo, la Oficina del Ministro de Justicia ha insistido en que todas las normativas que buscan ordenar el territorio y modificar las reglas medioambientales deben estar fundamentadas en un proceso amplio, que sea transparente y responsable. Por lo tanto, no solo ha solicitado la retirada del proyecto actual, sino que también exige que se reinicie todo el procedimiento desde cero, garantizando así un fuerte asesoramiento público, conforme a las decisiones judiciales relacionadas con la protección ambiental en Bogotá.
Por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente, hasta el momento, no ha emitido una respuesta oficial sobre si se mantendrá o no la aplicación de la Unidad de Gestión. Lo que resulta evidente es que la categorización de Savannah se ha convertido en un nuevo escenario de conflicto que involucra cuestiones técnicas, políticas y legales, presentando una gran complejidad en la búsqueda de un consenso que beneficie a todos los actores involucrados.
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