La Corte Suprema ha convocado a altos funcionarios y parlamentarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
La Corte Suprema de Colombia se está preparando para uno de los juicios más significativos del año, que tendrá lugar entre el 25 de abril y el 7 de mayo. Durante este período, se llevarán a cabo testimonios de comisionados del condado, exministros, exalcaldes y altos funcionarios en el marco de una compleja red de presunta corrupción que se centra en el Instituto Nacional de Vías (Invías), un caso que ya ha salpicado a 32 parlamentarios en funciones.
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Este caso ha sido catalogado como uno de los escándalos de corrupción política más destacados en Colombia en la última década. La investigación se activó tras los reveladores testimonios de Mary Alejandra Benavides, quien fue Ministra de Finanzas y que ha decidido colaborar con las autoridades judiciales, lo que ha dado un impulso significativo al caso.
De acuerdo con las declaraciones de Benavides ante la oficina del fiscal, los directivos de Invías operaban como un equipo de presión para negociar legislativamente en varias circunstancias. Se alega que esta operación involucró a funcionarios de alto perfil, quienes supuestamente llegaron a acuerdos a cambio de cantidades significativas de dinero político.
Ex ministros están llamados a testimoniar ante el tribunal
El Comisionado del condado Marco Antonio Rueda ha sido citado a declarar, junto con más de 15 personas, entre las que se encuentran exgobernantes de las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro. Entre los nombres señalados se encuentran:
- 25 de abril:
- Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo (exministro de Hacienda del gobierno de Duque)
- Ricardo Bonilla (Ministro de Finanzas en la administración actual)
- María Constanza García (exministra de Transporte)
32 MPS bajo el escrutinio de la justicia
Entre los parlamentarios que están señalados por beneficiarse económicamente se encuentran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo y Daniel Restrepo, quienes habrían cometido irregularidades al manejar recursos públicos. El testimonio de Benavides ha sido un elemento clave en el avance de las indagaciones de la Corte Suprema, que está tomando medidas para esclarecer estos casos. La exministra, preocupada por su seguridad y la de su familia, ha solicitado una protección especial, manifestando que su vida podría estar en peligro debido a las revelaciones que ha hecho.
Consecuencias políticas y judiciales
Este escándalo se suma a otras investigaciones que están afectando al gobierno del presidente Gustavo Petro y a varios miembros del Parlamento. La presión sobre la comisión investigadora crece y el sector cívico exige respuestas rápidas y claras ante uno de los casos de corrupción más complejos de los últimos años. La Corte Suprema ha reafirmado su compromiso de actuar con total independencia y rigor legal para esclarecer los hechos. La ciudadanía está atenta, con la esperanza de que esto marque un giro en la lucha contra la corrupción en Colombia.
En el contexto de este significativo evento, el 25 de abril y el 7 de mayo se espera que se den testimonios de comisionados del condado, exministros y funcionarios señalados en la red de corrupción presuntamente. Este desarrollo subraya la relevancia de la justicia en el país y el clamor de la sociedad civil por la transparencia y la rendición de cuentas.
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