El Tribunal Civil Civil Villavicencio del Circuito ha dado un paso significativo al ordenar el embargo de activos y cuentas bancarias pertenecientes al ex gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga. La razón detrás de esta medida es una deuda considerable que Zuluaga tiene con Bancolombia, que asciende a más de 240 millones de pesos. Esta decisión judicial se ha emitido como respuesta a un proceso iniciado por la unidad financiera del banco, que ha tomado la iniciativa de recuperar los montos que el ex presidente adeuda.
Dimensión
Para cumplir con esta orden, se llevaron a cabo tres transacciones que fueron enviadas a la Oficina de Instrumentos Públicos en Villavicencio y Gachetá. Estas ciudades son clave ya que allí se encuentran registrados algunos de los activos inmobiliarios del ex gobernador. Además de estas transacciones, el tribunal también ha ordenado que se comuniquen diferentes unidades bancarias a nivel nacional, con el objetivo claro de ejecutar la directiva de embargo sobre los bienes y cuentas de Zuluaga.
Este proceso judicial ha tenido su origen en la incapacidad de Zuluaga para realizar los pagos correspondientes a las obligaciones que contrajo con Bancolombia. Este incumplimiento ha llevado al banco a buscar una solución legal que garantice la recuperación del dinero. A pesar de esta acción legal en su contra, es notable que el ex gobernador no ha emitido ninguna declaración pública sobre sus intenciones de afrontar la deuda ni ha presentado una propuesta de pago que permita resolver esta situación de manera satisfactoria.
El embargo de bienes y cuentas es una medida preventiva que se pone en práctica cuando un deudor no ha cumplido con sus obligaciones financieras. Las autoridades judiciales están enfocadas en asegurarse de que el acusado, en este caso Zuluaga, no pueda disponer de sus activos hasta que se resuelva el litigio y se determine la forma en que se manejará su deuda.
Proceso
Juan Guillermo Zuluaga, quien ocupó el cargo de gobernador de Meta entre 2020 y 2023, ha mantenido su actividad en la política regional. Sin embargo, este embrollo judicial podría tener repercusiones significativas en su imagen pública y en sus aspiraciones futuras dentro del panorama político. Durante su mandato, Zuluaga enfrentó varias interrogantes acerca de su manejo de los recursos públicos, aunque nunca se le presentaron cargos formales por corrupción.
Además de esta nueva problemática, Zuluaga ha tenido que lidiar con una serie de dificultades económicas desde que dejó su cargo. Aunque en situaciones anteriores ha optado por no abordar públicamente sus problemas financieros, este nuevo proceso judicial pone en evidencia una serie de complicaciones que contrastan con la imagen que ha tratado de proyectar ante la opinión pública.
Hasta el momento, ni Zuluaga ni su abogado han emitido una declaración oficial con respecto al fallo del tribunal. Se anticipa que, en los próximos días, se presenten acciones legales para intentar revertir esta decisión, o en su defecto, se busque un acuerdo con el banco que permita el pago de la deuda y la suspensión de las medidas cautelares que le afectan. Por ahora, el proceso sigue su curso y los involucrados continúan manejando el desempeño necesario para llevar a cabo un embargo de acuerdo con los términos establecidos por la ley.
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